Periodistas hondureño se salva de morir acribillado

El periodista Héctor Madrid, del Canal 35 de Tocoa, departamento de Colón, en el sector del Bajo Aguán, Honduras, se salvó de morir acribillado a balazos, cuando al sicario que le quitaría la vida le falló el arma de fuego; el atentado, del que Madrid sólo recibió golpes, se registró la noche del martes 10 de marzo, cuando el comunicador abandonaba el canal.

El desconocido salió de un taxi y le apuntó al rostro, pero le falló el arma; al fracasar el intento, golpeó al periodista y huyó de la escena, declaró Gonzalo Rodríguez, presidente de la Red de Alertas y Protección a Periodistas y Comunicadores Sociales en Tocoa. Según la denuncia, registrada por la Red de Alertas de Tocoa, el taxi estaba ubicado delante del canal y presuntamente el agresor andaba acompañado; la víctima relató al diario La Tribuna, que los golpes que recibió fueron en el rostro y en un brazo, propinados con el mango de la pistola.

C-Libre manifiesta su preocupación por este hecho y llama al Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) y a los cuerpos de seguridad de la zona, para que de oficio otorguen medidas de protección a favor del periodista Héctor Madrid. Cinco años después del golpe de Estado del 28 de junio de 2009, la situación de la libertad de información sigue degradándose en Honduras; el país se encuentra entre los más peligrosos del continente para los periodistas; Reporteros Sin Fronteras examina la situación de la libertad de información en el país tras un inicio de año particularmente preocupante para los informadores.

ación de Convenios y Recomendaciones de la OIT, así como los Relatores Especiales de la ONU en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y Seguridad alimentaria. El MSICG enfrentó esta vista en condiciones de desigualdad procesal derivado de que el Reglamento específico le otorgó solamente 15 minutos para realizar la defensa de la inconstitucionalidad de 9 normas y referirse a 15 vicios de inconstitucionalidad existente en las mismas, en tanto que otorgó 15 minutos a cada una de las 9 partes procesales del sector empresarial y del gobierno que se oponen a que se declare la inconstitucionalidad de dichas normas.