Ligan a proceso a 17 implicados en caso IGSS

La jueza Silvia de León, titular del Juzgado Sexto Penal, ligó a proceso y envió a prisión a los 17 implicados en el caso del contrato fraudulento entre el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) y la droguería Pisa, al considerar que existen indicios de posibles delitos cometidos. La decisión de la jueza se basó en la interceptación de llamadas de Otto Fernando Molina Stalling, ex asesor del seguro social, Herbert Rodolfo García-Granados Reyes, trabajador de Pisa, y Ramiro Armando Lorenzana Ortiz, directivo de la empresa, quienes negociaron la adjudicación del contrato. Molina Stalling, hijo de la magistrada de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) Blanca Stallig, es acusado por el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) de ser el contacto entre el IGSS y Pisa. De León enfatizó que los miembros de la junta directiva del seguro social no son señalados por recibir un soborno, sino porque pudieron rechazar el contrato con la droguería, razón por la cual fueron ligados por el delito de fraude. No es cierto que la junta directiva únicamente da un visto bueno o firma los documentos que otros le pasan, su obligación era cumplir con sus atribuciones, afirmó la magistrada. La jueza señaló también que Pisa no tenía la capacidad para cumplir con el servicio de diálisis peritoneal ambulatorio y carecía de licencia sanitaria, con lo cual se violó el código de salud. En el caso de la junta de licitación y adjudicación, de León dijo que ésta concedió el contrato pese a que conocía que el único ofertante no tenía la capacidad para prestar el servicio. El juzgado dio un plazo de 45 días al MP para que desarrolle la investigación, la cual se presentará en la audiencia intermedia que se programó para el lunes 27 de julio. De acuerdo con las pesquisas, el contrato para el servicio de hemodiálisis se firmó a cambio de que los miembros del seguro social recibieran entre el 15 y 16 por ciento del monto total, que ascendía a Q116 millones. La droguería fue contratada aunque no contaba con el personal, insumos e infraestructura necesarios para atender a los pacientes renales, quienes recibieron tratamiento mediante una empresa subcontratada. El pésimo servicio provocó que aproximadamente 100 personas resultaran infectadas con peritonitis, de las cuales 17 perdieron la vida en los últimos meses.