Los abogados defensores de 17 personas sindicadas de participar en la adjudicación anómala de un contrato del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social a la empresa farmacéutica Pisa, solicitaron a la jueza sexta de Instancia Penal, Silvia de León, liberar a sus clientes argumentando que las pruebas presentadas por el Ministerio Público en su contra son insuficientes para probar un hecho delictivo.
Los abogados señalaron que el proceso de licitación y adjudicación del contrato por más de Q116 millones a Pisa se hizo de acuerdo a lo que exige la Ley. "Se habla de un supuesto soborno para conseguir el contrato, pero ¿dónde está esa llamada que confirma el negocio?", argumentó el abogado David Pineda, defensor de Ramiro Lorenzana, directivo de Pisa.
César Calderón, abogado de Juan de Dios Rodríguez, presidente de la Junta Directiva del IGSS, dijo a la juez que si existieron anomalías en el contrato, el proceso debió debatirse por la vía de lo contencioso administrativo y no por la vía penal. Además, el abogado, indicó que la Junta Directiva no tuvo participación en las supuestas negociaciones ilícitas que el Ministerio Público señaló.
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