Preocupa a Relatoría violencia contra la prensa mexicana

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifestó su preocupación por los recientes hechos de violencia en contra de la prensa mexicana, debido al asesinato de un comunicador y la desaparición de otro. Mediante un comunicado, la Relatoría instó a las autoridades de México a actuar de forma pronta y oportuna para encontrar con vida al periodista Bernardo Javier Cano Torres, secuestrado el 7 de mayo, y esclarecer los motivos del asesinato de Armando Saldaña Morales, encontrado muerto el 4 de mayo. Saldaña Morales, quien laborada en la radio "La Ke Buena 100.9 FM" en el Estado de Veracruz", fue hallado muerto con varios disparos de arma de fuego y con signos de tortura en la localidad de Acatlán de Pérez Figueroa, Estado de Oaxaca. En Veracruz, señalado por la Relatoría como uno de los más peligrosos para ejercer el periodismo, miembros de la prensa han denunciado amenazas en muerte en numerosas ocasiones. En esta misma zona a principios de año fue secuestrado y posteriormente asesinado el periodista y activista José Moisés Sánchez Cerezo, editor del diario La Unión de Veracruz. La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión informó que el caso de Saldaña Morales está siendo investigado por la Policía Federal Ministerial. En el caso de Cano Torres, la Relatoría indicó que el periodista fue secuestrado junto a tres personas que viajaban con él en una camioneta, el jueves de la pasada semana y los autores del crimen habían pedido un rescate por ellos. El periodista trabaja en el programa "Hora Cero", de ABC Radio Iguala en el Estado de Guerrero, zona que también es consideraba como una de las más peligrosas para el ejercicio del periodismo. La Relatoría enfatizó que es fundamental que el Estado esclarezca la causa de los crímenes y adopte medidas de reparación justas para los familiares de los comunicadores asesinados. Consideró que también es necesario que se consolide el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, y que a la vez se fortalezca los mecanismo de coordinación interinstitucional entre las autoridades federales y los distintos niveles de gobierno, para asegurar la adecuada adopción e implementación de medidas de protección.