Relatoría pide a países de la región No utilizar derecho penal para silenciar a periodistas

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), instó a los países de la región a abstenerse de utilizar el derecho penal para silenciar a los periodistas y comunicadores que emiten críticas a las clases poderosas. La Relatoría alertó sobre las diversas denuncias recibidas sobre la apertura de procesos penales en contra de comunicadores, periodistas, dirigentes políticos y sociales por exponer opiniones críticas frente alguna clase de poder político, económico o militar. El caso más reciente se produjo en Venezuela, señaló la oficina, donde el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, demandó a los periodistas, directivos y propietarios de los medios El Nacional, La Patilla y Tal Cual, por reproducir información difundidas en un diario español que lo aludían. Por su parte en Honduras el periodista Julio Ernesto Alvarado fue condenado por el delito de difamación por expresiones constitutivas de injurias a 16 meses de prisión, interdicción civil y penas accesorias, dentro de las que se encontraba la prohibición de ejerce su profesión por el mismo tiempo de la pena de cárcel. En este mismo país, la defensora de los derechos de las mujeres Gladys Lanza fue sentenciada a un año y medio de prisión, por hacer declaraciones públicas sobre un caso de presunto acoso sexual en el espacio laboral. Otra modalidad de utilizar el derecho penal para silenciar voces consiste en la apertura a juicios a los representantes de radios comunitarias por emitir sin autorización; esta situación se registró recientemente en Guatemala, Honduras, Brasil y Chile. En la mayoría de los Estados de la región persisten normas penales que continúan sin adecuarse a los estándares interamericanos en materia de protección a la libertad de expresión y que permiten la imposición de medidas desproporcionadas que puedan tener un efecto silenciador incompatible con una sociedad democrática, declaró la Relatoría. Sin embargo, valoró los esfuerzos realizados por algunos países por despenalizar el desacato o modificar las leyes que penalizan la difamación, injuria o calumnia en casos que se refieran a temas de interés público o sobre funcionarios estatales.