CIDH pide a las autoridades hondureñas investigar y sancionar a responsables del asesinato sindicalista.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió a las autoridades de Honduras investigar, esclarecer y sancionar a los responsables del crimen de Héctor Orlando Martínez, representante del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Honduras (SITRAUNAH). El sindicalista fue atacado a tiros por dos sujetos a bordo de una motocicleta quienes le dispararon a su vehículo en doce ocasiones; el crimen presuntamente ocurrió luego que una comisión investigadora de derechos humanos constatara denuncias realizadas por Martínez. La víctima contaba con medidas cautelares otorgadas por la Comisión desde el 19 de mayo pasado, debido a las amenazas y hostigamiento que recibió a consecuencia de sus actividades dentro del SITRAUNAH. La CIDH señaló que en la visita in loco a Honduras, realizada el pasado año, recibió información sobre la situación de varios líderes sindicales que estarían siendo criminalizados, objeto de vigilancia y seguimiento. Asimismo, dijo tener información sobre el conflicto que existiría entre las autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) y los miembros del sindicato, situación que habría puesto en riesgo a algunos líderes de los trabajadores debido a supuestas amenazas y hostigamientos. El pasado 27 de mayo la Comisión había otorgado medidas cautelares a favor de Donatilo Jiménez Euceda, empleado del Centro Universitario Regional Atlántico de la UNAH y ex presidente del sindicato, quien desapareció en circunstancias supuestamente no esclarecidas. Jiménez habría desaparecido a principios de mayo mientras se encontraba en búsqueda de auxilio para dos de sus compañeros que habrían resultado heridos producto de un accidente a bordo de un tractor recolector. La Comisión pidió al Estado de Honduras investigar el asesinato de Martínez e incluir como posible hipótesis del crimen el trabajo sindical de la víctima y solicitó que se garantice la seguridad de sus familiares. Los actos de violencia y otros ataques contra las defensoras y los defensores de derechos humanos no solo afectan las garantías propias de todo ser humano, sino que atentan contra el papel fundamental que juegan en la sociedad y sume en la indefensión a todas aquellas personas para quienes trabajan, aseguró la CIDH.