Cuatro diputados y un alcalde en la mira de la justicia

El Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) presentaron solicitudes de antejuicio en contra de cuatro diputados y un alcalde del partido Libertad Democrática Renovada (LIDER) por delitos que van desde enriquecimiento ilícito hasta tráfico de influencias. Los señalados son los congresistas Mario Israel Rivera Cabrera, Luis Adolfo Chávez Pérez, Mirza Judith Arreaga Meza y Mario Gerardo Yanes Guerra, así como el jefe edil de Chinautla, Adolfo Medrano; en contra de éste último se han presentado anteriormente otros siete antejuicios por casos de supuesta estafa, fraude y asociación ilícita. La Fiscal General, Thelma Aldana, dijo que luego de una serie de investigaciones se logró determinar que Rivera Cabrera cuenta con tres propiedades en igual número de departamentos, cinco vehículos y una cuenta bancaría con más de Q9 millones. El legislador es señalado de los delitos de enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias, pues con su sueldo dentro del Legislativo y sin ninguna otra fuente de ingresos, no podía obtener todos estos bienes. Una de las viviendas se encuentra ubicada en la playa de Waikiki, municipio de Iztapa, Escuintla, a la cual se puede acceder únicamente por lancha y tiene un precio estimado de entre cuatro y cinco millones de dólares. El congresista es propietario además de dos casas lujosas en Santa Cruz del Quiché y en la zona 11 capitalina, así como de cinco vehículos de marca Land Rover, Toyota, General Motors y Lincoln. En el caso Chávez Pérez y Arreaga Meza fueron señalados de los delitos de tráfico de influencias y abuso de autoridad, luego que el Ministro de Desarrollo Social (MIDES), Edgar Leonel Rodríguez Lara, denunciara que ambos le exigieron beneficiar con proyectos millonarios a determinadas empresas. Los dos diputados por el distrito de Huehuetenango habrían convocado a una reunión al Ministro el 27 de febrero del pasado año, en la que le pidieron que asignaran proyectos del Fondo de Desarrollo Social (FODES) por montos de entre Q5 y Q10 millones, a cambio el funcionario recibiría una retribución económica, sin embargo la adjudicación no se aprobó.

Aparentemente una de las empresas beneficiarias sería el hijo de un diputado de San Marcos de apellido Mérida, según las escuchas presentadas por la CICIG; el congresista en mención sería Francisco Ricardo Mérida Orozco, quien fue electo por el Partido Patriota (PP) pero en diciembre del 2012 se pasó al bloque de LIDER. En febrero de este año Chávez Pérez se encadenó en una de las oficinas del MIDES como medida de protesta para que la cartera le entregara información que había solicitado sobre compra de maquinaria pesada. Por su parte, el diputado Yanes Guerra es acusado de tráfico de influencias y abuso de autoridad, luego que solicitara al Ministro de Desarrollo contratar a personas de su "confianza" bajo el renglón 029, sin embargos éstas no se presentarían a trabajar, y además le solicitó laminas y escritorios que entregarían a sus seguidores. Yanes Guerra pidió que a sus operadores se les permitiera no llegar a laborar, pero que para realizar el pago se entregaría un supuesto informe de trabajo a final de mes; el legislador indicó que las personas contratadas se arreglarían con él y además le ofreció apoyó al Ministro, asegurando que tenía buenos contactos en la Contraloría General de Cuentas (CGC). En ambos casos, Rodríguez Lara documentó las reuniones con los congresistas en vídeo, los cuales fueron adjuntados en la denuncia que se realizó al MP y la CICIG. Finalmente el alcalde de Chinautla es acusado de los delitos de asociación ilícita, concusión, fraude y lavado de dinero u otros activos, por supuestamente beneficiar con contractos millonarios a empresas constructoras, las cuales tendrían vínculos con él y su familia. Las investigaciones determinaron que en 2008 se conformaron cinco empresas comerciales, las cuales tenían como objetivo contratar y prestar servicios a la municipalidad; posteriormente en los años 2009 y 2011 se evidenció la existencia de otras sociedades mercantiles, las cuales tenían vínculos con el funcionario y fueron beneficiadas con la adjudicación de obras, pagadas a través del fideicomiso de la comuna. Estas sociedades trasladaron fondos a las cuentas bancarias de las compañías creadas en 2008 y luego constituyeron certificados a plazo fijo a favor de la familia del alcalde; la CICIG y el MP señalaron que en total los Medrano se beneficiaron con más de Q24 millones.