La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) el caso 12,349, de la académica guatemalteca Mayra Angelina Gutiérrez Hernández y familia. De acuerdo con la información, Mayra Angelina Gutiérrez Hernández desapareció desde el 7 de abril de 2000; el caso adolece de una investigación seria, diligente y oportuna sobre lo sucedido. La Comisión estimó que aunque no cuenta con los elementos suficientes para calificar lo sucedido a la víctima como una desaparición forzada, el Estado de Guatemala incurrió en responsabilidad internacional por el incumplimiento del deber de proteger la vida e integridad personal de la víctima desde que tomó conocimiento de su desaparición. Para la CIDH, desde ese momento debió ser explícita para las autoridades la situación de riesgo extremo en que se encontraba la víctima; sin embargo, durante las primeras 48 horas tras la denuncia el Estado no adoptó medidas de búsqueda, mientras que las semanas siguientes las diligencias realizadas fueron mínimas y no estuvieron relacionadas con los elementos e indicios que surgieron desde el momento de la denuncia. La Comisión también declaró la responsabilidad internacional del Estado de Guatemala por la forma en que se condujeron las investigaciones; específicamente, la Comisión determinó el incumplimiento de la garantía de plazo razonable y la falta de debida diligencia desde el inicio y a lo largo de todas las investigaciones. Asimismo, estableció la omisión en diseñar e investigar exhaustivamente las líneas lógicas de investigación, incluyendo las relativas a las actividades que llevaba a cabo Mayra Angelina Gutiérrez Hernández sobre adopciones irregulares en Guatemala, así como múltiples elementos vinculados al conflicto armado interno. La Comisión también concluyó que la investigación no fue conducida con perspectiva de género y que en la misma estuvieron presentes estereotipos discriminatorios sobre el rol y comportamiento social de las mujeres. En el Informe de Fondo, la Comisión recomendó al Estado de Guatemala reparar integralmente las violaciones de derechos humanos declaradas en el caso tanto en el aspecto material como moral. La Comisión Interamericana sometió el caso a la jurisdicción de la Corte el 15 de julio de 2015, porque consideró que el Estado de Guatemala no cumplió con las recomendaciones contenidas en el Informe de Fondo; la Comisión sometió a la Corte la totalidad de los hechos de dicho informe.
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