CIDH enfrenta la peor crisis de su historia

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El Presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), James Cavallaro, alertó que el organismo enfrenta la peor crisis financiera de su historia, lo que podría causar el despido de casi la mitad del personal y limitaría su labor en la defensa de los derechos humanos en la región. 

En un artículo publicado en el diario El País de España, Cavallaro señaló que las arcas de la Comisión están prácticamente "vacías", lo que significaría que para el 31 de julio próximo perdería el 40 por ciento de sus empleados y se quedaría únicamente con 38 funcionarios. 

No obstante, las implicaciones de la crisis financiera van más allá, pues el organismo no podrá realizar visitas a los países que monitorea, no se podrán celebrar las audiencias públicas donde se exponen problemáticas de derechos humanos ni reuniones para coordinar las medidas de protección urgentes para persona en riesgo; estamos al borde del colapso como nunca antes, aseguró el Presidente de CIDH. Cavallaro dijo que durante años la Comisión sobrevivió gracias a los aportes voluntarios de Estados Unidos, Canadá, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Noruega, Reino Unido, Holanda, Suecia, Suiza y la Unión Europea, pero cuando este año buscaron en Europa asistencia financiera, encontraron una respuesta diferente, pues la enorme cantidad de refugiados ha provocado que los países reorienten sus prioridades en asistencia internacional. 

Declaró además que los Estados de América Latina y el Caribe no se han hecho cargo del sistema de derechos humanos, desde que fue fundado en 1959; mientras que el Consejo de Europa destina el 41.5 por ciento de su presupuesto a derechos humanos, la Organización de Estados Americanos (OEA) destina solo el 9.1 por ciento para financiar a la CIDH y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

La Comisión recibe menos de 5 millones de dólares anuales por parte de la OEA, lo que representa 50 centavos de dólar por cada mil personas; tenemos menos abogados y abogadas que el número de países que atendemos, ¿cómo se puede cumplir así con nuestro mandato?, cuestionó Cavallaro. 

En 2015, los países latinoamericanos y caribeños donaron 13.7 millones de dólares a la Corte Penal Internacional (CPI), pero únicamente destinaron 199 mil dólares para la CIDH; en la CPI no hay en trámite ningún caso de la región y solo hay una situación bajo examen preliminar. 

Algunos países se sienten incómodos cuando la CIDH pone en relieve los desafíos que enfrenta la región en materia de derechos humanos; esa es nuestra función y nos la asignaron los Estados; pero nos estrangulan financieramente, quizá para que no podamos cumplir con nuestro mandato, declaró el presidente del organismo. Cavallaro agradeció el apoyo recibido por Europa durante los últimos años, pero dijo que es momento que los jefes de Estado de América Latina y el Caribe tomen la decisión política de darle vida al sistema interamericano de protección y promoción de los derechos humanos o seremos testigos de su colapso.