Las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos de Guatemala, han provocado confrontación entre los presidentes del Ejecutivo y el Legislativo; el primero, Jimmy Morales, al señalar que los cambios no reflejan lo que exige la población, en tanto que el segundo, Mario Taracena, demanda que las modificaciones no sean vetadas por el Mandatario. Julio Solórzano, presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE) señaló que el proceso fue lento y que la ciudadanía participó en forma espontánea y con organizaciones representativas.
María Eugenia Mijangos, magistrada del TSE, dijo que está consciente que no todas las demandas de la ciudadanía fueron incluidas, pero se aprobaron otros puntos, como la comisión de actualización de la Ley Electoral, el fortalecimiento del TSE, mejores herramientas de fiscalización y mayores sanciones a los partidos políticos.
El Mandatario señaló que no está de acuerdo con la reelección vitalicia de los diputados; "el pueblo clamaba porque no hubiese tantos legisladores y, encima de eso, sí se establece un techo o un tope para que no siga creciendo pero se incrementa a 160 el número de diputados", indicó. Por su parte, Mario Taracena, presidente del Congreso, exigió a Morales que firme las reformas y que no se vaya a prestar a los intereses de su patrón, el mexicano Ángel González, vinculado a la televisión abierta, dijo. Morales indicó que llamará a un diálogo nacional para preguntar a la población si las reformas a la LEPP responden a sus exigencias; "invitaré a la población a que se pronuncie al respecto y que digan si se sanciona o se discutirá la ley", aseguró. Además, respondió a los imperativos de Taracena en cuanto a "firmar" las reformas:
"Él no conoce la ley porque yo como Presidente represento la unidad nacional y puedo sancionar o vetar la ley en representación del pueblo. "Yo no obedezco a ningún patrón individual, yo tengo un patrón y se llama pueblo de Guatemala y puedo demostrarlo con hechos, bajo ninguna circunstancia mi campaña se ha basado en medios de comunicación", dijo Morales. Las reformas aprobadas por el Congreso dejaron fuera demandas estratégicas y fundamentales, por lo que han sido duramente criticadas por amplios sectores sociales; el presidente Jimmy Morales cuenta con 15 días para sancionar o vetar la ley, tiempo que vence el 26 de mayo.
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