Más de 200 ex trabajadores exigen acceso al seguro social

Más de 200 ex trabajadores de la finca San Gregorio Piedra Parada, Coatepeque, Quetzaltenango, en su mayoría adultos mayores, no tienen acceso al seguro social, debido a que durante 25 años la empresa propietaria descontó de sus salarios las cuotas laborales y nunca las entregó a donde corresponde, con lo que se vieron imposibilitados a optar al Programa de Invalidez, Vejez y Sobrevivencia (IVS).

Un comunicado del Comité de Unidad Campesina (CUC) considera sumamente preocupante que los propietarios de la empresa que opera en la Finca San Gregorio Piedra Parada se encuentren procesados por deudas millonarias al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), porque la misma situación que atraviesan los adultos mayores ahora, pueden enfrentar después los actuales trabajadores.

Los afectados señalan que la falta de acceso a los servicios médicos que ya pagaron en su juventud y que hoy, siendo adultos mayores les son negados, ha ocasionado la muerte de 38 de sus compañeros, quienes iniciaron juntos este proceso de lucha por la reivindicación de sus derechos laborales y humanos.

Asimismo, solicitan que el IGSS los acoja en el programa de IVS y accione en contra de los empresarios responsables del incumplimiento de sus obligaciones y no trasladar esa responsabilidad a los afiliados que durante tanto tiempo pagaron su cuota laboral al régimen de seguridad social y que ahora que reclaman los beneficios pagados se les niega injustamente.

Los ex trabajadores subrayaron que cada uno de los derechos violados se encuentran plenamente consagrados en la Constitución Política de la República y demás legislación interna, además de los instrumentos en materia de derechos humanos ratificados por el Estado, como el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales, el Protocolo de San Salvador y la Declaración Universal de Derechos Humanos.

A pesar de esta situación, los dirigentes Ricardo Alberto Pérez Castillo, Elmar Danilo Pérez Escobar, Digna Dalila Mérida Escobar, Pedro Morales Ajtún y Francisco Vásquez Oxlaj han sido criminalizados, acusado de “usurpación agravada”, medida a la que se ha prestado el Ministerio Público de Coatepeque y la jueza de Primera Instancia Penal.

Finalmente, los adultos mayores piden a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos mantener observancia del desarrollo del caso y al Procurador de los Derechos Humanos que investigue las denuncias planteadas ante la sede de Coatepeque.