En un hogar de muerte segura se constituyó este 8 de marzo, “Día Internacional de la Mujer”, el supuesto Hogar Seguro Virgen de la Asunción, en el que, según indicios, el fuego se inició en el interior de una habitación donde estaban encerradas más de 52 jovencitas, supuestamente “mal portadas”, por lo que todo indica que fueron ejecutadas extraoficialmente con un aparente incendio, del que no se ha querido decir que fue provocado.
Al Hogar Seguro Virgen de la Asunción eran llevados niños y adolescentes que estaban bajo custodia del Estado. Se trata de quienes sufren maltrato familiar, están en situación de calle, han sido víctimas de trata o de explotación sexual, comercial, laboral, económica, o han vivido adopciones irregulares, en medio de una maraña de acciones que nunca sirvieron para protegerlos sino, al contrario, fueron utilizados para fines perversos.
Muy lejos de ser un espacio especializado en atención con profesionales, que permita el rescate integral de las internas y los internos, se convirtió en un centro de tortura y abuso. Las denuncias al respecto han sido presentadas al sistema de justicia desde el 2015. Hubo dos órdenes judiciales para el cierre de dicho centro, así como de otro internado de jóvenes en conflicto con la ley. Además, estas resoluciones judiciales ordenaban a la Secretaría de Bienestar Social (SBS) que contratara profesionales de la psicología, la pedagogía y el trabajo social, entre otros, para ofrecer atención integral, pero nunca se hizo.
Negligencia, desatención, corrupción y crimen organizado se conjugaron en una mezcla tenebrosa que propició la tragedia del 8 de marzo. En los últimos dos años se conocieron reportes de fugas de adolescentes bajo cuidado del hogar, así como de desapariciones, sin que se esclarecieran los hechos. Una estructura de trata de adolescentes con fines de explotación sexual fue denunciada. El personal a cargo del cuidado de la población en ese sitio fue acusado de prácticas que caían en tortura, abusos y vejámenes, pero tampoco se hizo algo.
El centro estaba obligado a proporcionar un proceso de recuperación social y psicológica para menores y adolescentes bajo su cuidado; era en realidad un lugar de esclavitud y tortura. De esa suerte, la fuga fallida que protagonizaron 60 adolescentes el martes 7 era una crisis anunciada, la cual derivó en una ejecución extrajudicial, pues en el lugar murieron calcinadas 19 adolescentes y niñas, en tanto que otras fallecieron en los hospitales nacionales a causa de las quemaduras.
Las primeras informaciones indican que las adolescentes fueron encerradas en una habitación a la cual luego se le prendió fuego. No se llamó de inmediato a los cuerpos de socorro. De hecho, la primera unidad de bomberos que llegó fue una ambulancia para traslado de personas heridas, y no una unidad contraincendios. Los bomberos no pudieron ingresar, porque la habitación estaba con llave; esto fue confirmado por el propio presidente de la República, Jimmy Morales. La acción negligente y criminal del personal que debía cuidarlas fue notoria, por lo que todos deben ser procesados.
Más de 60 niñas mueren por acción o inacción del Estado. Mueren ejecutadas extrajudicialmente el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer. El día en el que en el ámbito mundial se convoca a un paro de las mujeres para llamar la atención sobre la violencia contra ellas y protestar al respecto. Una sociedad que calcina a sus adolescentes en lugar de protegerlas, que permite que redes de trata exploten y abusen a quienes debe proteger, es una sociedad fracasada. Este crimen no puede ser un hecho que se olvide ni se enmascare nada más. La investigación sobre lo sucedido debe llevar a identificar a los responsables materiales e intelectuales, que sí hubo, porque incluso el suceso fue anunciado en algunos sectores de seguridad del país.
foto: Bomberos Voluntarios
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